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La Ley Celaá aprueba su primer examen

La Ley Celaá aprueba su primer examen

  • 24-6-2020 | Wolters Kluwer |

    Daniel Martín

  • El proyecto de la futura norma de educación pasa el primer debate en el Congreso de los Diputados pese a las enmiendas a la totalidad de los tres principales partidos de la oposición
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Daniel Martín

La futura nueva ley de educación inició su trámite parlamentario el pasado 17 de junio, en un debate en el que no fueron apoyadas por la cámara las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. Después de ser aprobada en Consejo de Ministros en febrero de 2019, antes de las Elecciones Generales de abril de ese año, y después ser ratificada en marzo de este año, la Ley Celaá pasó su primer examen en la Cámara Baja año y medio después de entrar por primera vez en Congreso de los Diputados. Este período ha permitido su pleno conocimiento por la opinión pública y la comunidad educativa, a juicio de Celaá, que afirmó que en todo este tiempo se han generado también nuevas propuestas que pueden servir para mejorar un texto que calificó de «oportuno y necesario».

Para la oposición, sin embargo, es un Proyecto de Ley que «adolece de consenso» —PP- o, directamente, está «al servicio de ideologías totalitarias» —VOX-. Más allá de si la Ley Orgánica para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) —que será la octava desde la Transición- será la más idónea para el sistema educativo español, lo que está claro es que, antes de ver la luz, está generando más o menos igual de polémica de lo que en su día lo fue la llamada Ley Wert del Partido Popular. Más en un momento en el que la crispación política en el Congreso de los Diputados ha alcanzado por momentos cotas altísimas como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Celaá defiende que su ley servirá para dotar de oportunidades educativas sobreo todo a quien más lo necesita

En un clima adverso, Celaá defendía el pasado miércoles su Proyecto de Ley aseverando que este «aborda los principales retos del sistema educativo», que pasan en primer lugar por derogar la ley vigente, la LOMCE, aprobada en 2013 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, y «sus consecuencias negativas». «Es una puerta a otras mejoras que nuestro sistema educativo necesita», señaló la ministra, que argumentó que con la futura norma educativa aumentarán «las oportunidades educativas y formativas de toda la población, contribuyendo a mejorar su nivel competencial por medio de la aprobación de un currículo moderno, flexible y ágil».

Asimismo, destacó que la LOMLOE apuesta por la detección precoz de las dificultades, por una mayor personalización del aprendizaje y por reforzar la autonomía de los centros educativos. Otro de los objetivos de la futura ley es «reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, introduciendo medidas que eviten la segregación», según Celaá, que indicó que también presta un interés particular a la escuela rural y a la insular.

La LOMLOE apostará por una detección precoz de las dificultades, por una mayor personalización del aprendizaje y por reforzar la autonomía de los centros educativos

Asimismo, apuntó a un tercer fin principal, que es el de fortalecer la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas educativas para responder a los retos de una «sociedad del conocimiento» y a una economía cada vez más digitalizada. La titular de la cartera de Educación señaló, asimismo, otros puntos clave de su Proyecto de Ley, como la potenciación de la educación en la etapa de 0 a 3 años, el enfoque transversal en desarrollo sostenible, el aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres o el desarrollo de una FP «inclusiva, no sexista, personalizada, competencial, sostenible y digitalizada, que permita a los jóvenes acceder al mercado laboral en las mejores condiciones», según resumían desde el gabinete ministerial en un comunicado de prensa. «Estoy convencida de que este Proyecto, que será debatido y mejorado con sus aportaciones, es una base sólida para configurar el sistema educativo que España necesita para hacer frente a los retos que se nos plantean para las próximas décadas», concluyó la responsable educativa.

Religión, Educación Especial y centros concertados, las principales polémicas de la norma

Además de resaltar los que a su juicio son los aspectos más positivos de la nueva norma, Celaá calificó de «nociva para el progreso de la educación española» a la LOMCE y pasó de puntillas por algunos de los puntos más polémicos contenidos en la futura ley, aunque la oposición no se olvidó de recordárselos. A saber: la introducción de la educación afectivo-sexual para reconocer al colectivo LGTB, la eliminación de la asignatura espejo de religión, que resta importancia a esta materia, la supresión del criterio de «demanda social» para los centros concertados o el plazo de diez años que tiene el Ejecutivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para integrar los centros de Educación Especial en la red ordinaria. «Adolece del consenso que los ciudadanos están reclamando», criticaron los populares, recordando, como recoge Europa Press, que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos no ha informado del contenido de la norma al Consejo de Estado.

Para el PP, el Proyecto de Ley «rebaja la calidad y la exigencia del sistema educativo destruyendo la motivación»

«La nueva normativa otorga a las administraciones la capacidad de escolarizar alumnos en centros contra la voluntad de sus padres bajo la excusa del equilibrio», denunciaba la secretaria de Educación del PP de Madrid, Lorena Heras, sobre este tema en una nota de prensa en la que añadía que el Proyecto de Ley «renuncia a las competencias del Estado en materia educativa como elemento vertebrador». El comunicado incidía en algunos de los puntos más controvertidos del texto, como el relegar a los centros de Educación Especial a «residuales» o permitir titular Bachillerato con una materia suspensa. «Este proyecto de ley rebaja la calidad y la exigencia del sistema educativo destruyendo la motivación», sentenciaban los populares.

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Para VOX, mucho más beligerantes en sede parlamentaria con el Proyecto de Ley, este se ha hecho «a espaldas de la institución de la familia», en contra de los padres a elegir la educación de sus hijos —en referencia a esas palabras de Celaá de que los niños no pertenecían a sus padres- y sin garantizar la libertad ideológica, aludiendo a conceptos «etéreos y abstractos» como educación en igualdad, transición ecológica o desarrollo sostenible. Ciudadanos, el tercer partido de la oposición, aseveró que la futura norma tiene «grandes sesgos ideológicos», coincidió con PP y VOX en su rechazo a medidas como «dividir a pública y concertada en lugar de conectarlas para que puedan colaborar» y criticó que con el proyecto normativo se siguen sin garantizar los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en muchas zonas de España. Desde Ciudadanos han criticado los últimos días que el Gobierno de Baleares ha iniciado un proceso de admisión para el curso que viene en el que es prácticamente imposible elegir estudiar en castellano, en favor del catalán, al obligar a los padres a aceptar el proyecto lingüístico del centro que les sea asignado y no existir apenas centros cuya oferta formativa sea en español.

«Pone límites inaceptables a las libertades de los ciudadanos», critica el lobby de la concertada

Pocos días antes de la finalización del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de la nueva ley de Educación, la Plataforma Concertados, un lobby conformado por Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA, COFAPA, FSIE y FEUSO, lanzaba un comunicado conjunto pidiendo la paralización de la tramitación de la Ley. «La Plataforma Concertados no solo está en contra de las formas en las que se pretende aprobar la LOMLOE, sino también de su contenido, porque es un claro retroceso para nuestro sistema educativo, al volver a la fracasada LOE, y porque pone límites inaceptables a las libertades de los ciudadanos», sintetizaba la plataforma en el escrito, en el que recordaban que «esta Ley elimina la demanda social como criterio de programación de plazas gratuitas» y «permite la distribución del alumnado por la administración educativa sin tener en cuenta la libertad de elección de los padres».

También destacaban entre los aspectos más negativos, en su opinión, que «inventa un derecho a la educación pública, cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación; olvida los derechos de los padres como responsables de sus hijos, introduce un comisario político en los centros concertados, posterga la enseñanza de la Religión, impone una nueva asignatura en valores éticos y cívicos que no se apoya en valores consensuados, limita la autonomía de los centros, ataca a la educación diferenciada y pone en duda la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial».

La Plataforma Estatal por una Escuela Extraordinaria asegura que la LOMLOE impone una «segregación forzosa de las personas con diversidad funcional»

La polémica con la Educación Especial

Como vemos, el asunto de la Educación Especial es otro de los puntos que mayor polvareda ha levantado entre los agentes educativos. Además del grupo de asociaciones de la concertada, también se ha pronunciado al respecto durante las últimas fechas la Plataforma Estatal por una Escuela Extraordinaria, aunque en un sentido contrario al de la Plataforma Concertados. La Plataforma por una Escuela Extraordinaria va en la línea actual del Ministerio, de ir integrando progresivamente estos centros en la red ordinaria, pero no escatima en críticas hacia el Proyecto de Ley de la ministra. La plataforma aseguraba en otro comunicado que la LOMLOE impone una «segregación forzosa de las personas con diversidad funcional en el sistema educativo». «A día de hoy hay muchas familias que ven truncado su derecho a educarse en entornos inclusivos junto a sus hermanos y vecinos bien por segregación directa por discapacidad, bien por la segregación indirecta cuando no se ponen los ajustes y apoyos necesarios en las escuelas ordinarias», asegura la plataforma en el comunicado, lanzado tras celebrar una reunión telemática con Celaá y con el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en la que les trasladaron que «en muchas ocasiones estas familias se ven obligadas a asistir a los tribunales para defender los derechos que la ley reconoce a sus hijos e hijas» y que para cuando existe una sentencia firme favorable ya se ha perdido gran parte de la infancia y adolescencia de los alumnos afectados. Aun así, desde esta plataforma precisan que confían en que «el compromiso con la educación inclusiva que la ministra Celaá ha manifestado en múltiples intervenciones y comparecencias públicas» permita avances en esa dirección.

La repetición de curso será algo «excepcional»

Otro asunto sobre el que la ministra ha reiterado varias veces su intención de implantar cambios es la repetición de curso. Más allá de verbalizaciones, el Proyecto de Ley ya refleja las directrices para aplicar una reducción de la tasa de alumnos repetidores, una de las más altas de la Unión Europea y de la OCDE. La nueva norma restringirá la repetición de curso a varios supuestos que harán de esta práctica algo «excepcional». De esta manera, para repetir en Primaria solo será posible en los últimos cursos de cada ciclo de la etapa (segundo, cuarto y sexto), y no en todos como venía sucediendo hasta ahora. En la Educación Secundaria, además, podrá pasarse de curso con más de dos asignaturas suspensas, aunque también, en este caso, «de forma excepcional». Para Bachillerato la ley Celaá contempla otro cambio que no ha gustado nada a buena parte de la comunidad educativa, así como a la oposición y a algunos sindicatos. Una vez aprobada la norma, esta permitirá, si el equipo docente así lo decide, titular en Bachillerato con una asignatura suspensa. En esta misma línea, el proyecto también elimina las reválidas, que serán sustituidas por pruebas diagnósticas.

Celaá recalcó de nuevo hace unos días en los micrófonos de Onda Cero la necesidad de reducir el número de alumnos repetidores porque no es beneficiosa para los estudiantes. «Claramente tenemos que hacer un gran viaje para reducir el número de repetidores porque la repetición no conduce a una mejora del alumno, lo que lleva a una mejora del alumno es el refuerzo individual», destacó la ministra, según recoge Europa Press. También se pronunció Celaá en este foro sobre la polémica de la asignatura de Religión, que en la LOMLOE ve reducido su peso, ya que, además de no contar con una asignatura alternativa, tampoco computará para el acceso a la Universidad, y la obtención de becas, lo que ha generado ampollas entre la Conferencia Episcopal Española, centros religiosos y parte de los padres de los alumnos. Pese a ello, la titular de la cartera educativa se mostró dispuesta a «seguir hablando con todos los sectores y todas las fuerzas políticas». La ministra precisó en la entrevista radiofónica que esta materia será «de ofertabilidad por el centro y de asunción voluntaria por el alumno». «Es algo que nosotros consideramos privado y la asignatura puede ser computada en el sentido de la relación entre el alumno y el profesor, pero no puede tener impacto en la nota media», afirmó.

Los sindicatos, satisfechos con la derogación de la LOMCE

Para la mayoría de los principales sindicatos, la derogación de la LOMCE es algo positivo, más allá de que vean lagunas en la futura nueva norma.

El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT celebraba hace unos días mediante un comunicado que se inicie el trámite parlamentario de debate y aprobación de la LOMLOE y expresaban su deseo de que no prosperaran las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, VOX y Cs. «Desde UGT, consideramos que la nueva ley educativa debe ser una oportunidad para el profesorado y creemos que se impone la reclasificación de grupos y niveles de todos los cuerpos docentes», manifestaban desde el sindicato, que recordaba que había presentado enmiendas propias, tanto a través de los órganos consultivos del Consejo Escolar del Estado y la Mesa Sectorial de Educación, como directamente a varios grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Entre esas enmiendas, UGT destacaba el «dotar de más recursos humanos y materiales a los centros para que puedan atender su labor educativa con calidad, la incorporación de nuevos perfiles profesionales, la bajada de ratios en las aulas, la reducción de las horas lectivas del profesorado y el aumento de las plantillas en los centros que permita abordar las medidas que son necesarias poner en marcha con el alumnado», entre otras.

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Asimismo, advertían de que «la reforma educativa carecerá de credibilidad si el profesorado no ve reconocida su labor y si no se dota de la inversión necesaria». «El compromiso del Gobierno de llegar al 5% del PIB en 2025 debe ser revisado teniendo en cuenta la caída del mismo por motivo de la situación provocada por la pandemia. Ese 5% será insuficiente y el ámbito temporal demasiado largo para poner en marcha con garantías las medidas de modernización y mejora de nuestro sistema educativo», detallaban.

Para Comisiones Obreras, por su parte, la derogación de la Ley elaborada por el exministro José Ignacio Wert también es una buena noticia, aunque avisan de que no les satisface completamente.

«Es una ley que va a servir para derogar la LOMCE y eso lo veníamos demandando. Además va a recuperar equidad e igualdad de oportunidades, y en ese sentido nos parece positiva, aunque echamos en falta al profesorado en el proyecto. No es nuestra ley, porque tiene luces y sombras», señalaba hace unos meses el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García.

Ahora está por ver si la Ley Celaá ve finalmente la luz y cuándo podrá entrar en vigor, y más en medio de la nube de incertidumbres que se presentan, al menos el próximo curso, con la pandemia del SARS-CoV-2.

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